El canje de detenidos concretado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, al intercambiarse siete ejecutivos de la empresa Citgo por dos sobrinos de Cilia Flores acusados de tráfico de drogas, no solo revela la existencia de negociaciones entre las administraciones de Joe Biden y Nicolás Maduro, sino que genera nuevas decisiones en las que el gobierno interino representado por Juan Guaidó queda por fuera y plantea la interrogante de qué hacer ahora con los exdirectivos de Citgo liberados.
El presidente ejecutivo de Citgo, Carlos Jordá, aún antes de conocerse la decisión, había dado la instrucción de apoyar a los familiares de los directivos y entre las medidas tomadas estuvo las de mantenerles su remuneración, la cual se suspendió entre 2017 y 2019 luego que fueron detenidos en Caracas tras la emboscada que se ordenó en la gestión del exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, bajo la acusación de propiciar un acuerdo desfavorable para la estatal venezolana que causó el colapso en la producción.
“Estos directivos estaban suspendidos dado que fueron acusados en Venezuela por un delito que no cometieron”, comentó una fuente de la empresa. “Citgo dio apoyo a sus familias que hubo el cambio de administración a principios de 2019, se les pagaron todos los gasto médicos y legales, se les dio estipendio a sus familiares”, añadió.
Hace más de tres años cuando Citgo pasó a estar controlada por la oposición venezolana y Jordá asumió la presidencia ejecutiva, instruyó atender este caso tomando en cuenta que pasó a ser un aspecto fundamental para la Casa Blanca, tanto durante la gestión de Donald Trump como de manera más firme para la de Joe Biden. Ahora viene un proceso en el surgen las propuestas de reinserción, indemnización o jubilación para Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, José Pereira y Gustavo Cárdenas.
Según lo que indican allegados a los liberados, la recomendación que han recibido tanto de representantes del gobierno estadounidense como de sus familiares y abogados cercanos es que rompan toda vinculación con Citgo e incluso con la propia Venezuela, tomando en cuenta que el conflicto político persiste con tendencia a no resolverse en el corto plazo, no hay garantía que el gobierno interino que representa Juan Guaidó se extienda sobre el papel más allá de enero de 2023 y todo apunta a que PDVSA irremediablemente perderá su empresa de refinación en Estados Unidos.
PUBLICADO: 17 de octubre de 2022