Por Rafael Ramírez Carreño / Ex ministro de Petróleo de Venezuela y ex presidente de PDVSA
El circuito refinador Citgo fue el eslabón más acabado de la concepción antinacional de la “apertura petrolera” desarrollada entre mediados de los ochenta y finales de los noventa y que hoy, paradojas de la historia y de la política, vuelve por sus fueros al país con la privatización de PDVSA y la entrega del petróleo.
Citgo, un circuito que inicialmente contaba con 8 refinerías, terminales y oleoductos, además de miles de estaciones de gasolina, fue adquirida por la vieja PDVSA, en desarrollo de la “política de internacionalización” del sector, lo cual quería decir realmente, “sacar del control de Venezuela”, puesto que no hay nada más internacional, por su naturaleza, que el negocio petrolero.
Así, en 1986, en plena crisis económica del país, desatada desde el llamado “viernes negro” de 1983, la vieja PDVSA sacaba del control del Estado venezolano activos de la industria petrolera nacional, adquiriéndolos en el exterior, es decir, fuera de nuestra soberanía jurisdiccional, de nuestro control y lejos de las necesidades del gobierno nacional, cualquiera que este fuese.
Su adquisición requirió la inversión de miles de millones de dólares de Venezuela en los Estados Unidos. Aunque en aquellos años ya el país se estremecía por la grave crisis económica, la autoproclamada “meritocracia” petrolera, quienes controlaban las decisiones de política petrolera y PDVSA, avanzaban en su propio plan, su propia visión. Además de las inversiones directas, y para hacer “atractivo” el negocio y sostenerlo económicamente, PDVSA (asumiendo competencias cedidas por el ministerio de Petróleo de entonces) daba descuentos masivos al petróleo que vendía a Citgo.
De esta manera, la “apertura petrolera” y su “internacionalización” nos llevaron a la situación absurda de un país pobre, subdesarrollado, con severos problemas económicos y sociales, sufriendo de una gigantesca fuga de capitales, donde, sin embargo, su propia empresa petrolera, hacia inversiones mil millonarias en el exterior, pero que además vendía su petróleo con descuentos de hasta 40%, como después lo pudimos determinar en el “Informe del Comisario” del año 2000.
El argumento de la “meritocracia” petrolera para éste sin sentido, era que con Citgo tendríamos mayor presencia en el mercado norteamericano y “contendríamos a nuestros competidores canadienses”. Ambos eran argumentos falaces. La “internacionalización” comenzó con las adquisiciones del circuito de refinerías de la Ruhr Oel en Alemania. La idea de adquirir refinerías para colocar nuestro petróleo es, al menos, tan descabellada como comprar supermercados para colocar un producto. De hecho, los otros grandes suplidores de petróleo al mercado norteamericano: México, Arabia Saudita y Canadá, no adquirieron refinerías para colocar su petróleo. Además, el sistema de refinación de la costa del Golfo de México, está diseñado justamente para procesar crudos como los venezolanos.
Por otra parte resulta absurdo el argumento de “contener” a los canadienses adquiriendo su petróleo. Nuevamente, esto es como si para evitar que la competencia llegue con su producto al supermercado, entonces uno termine comprando precisamente “ese” producto. Esto fue lo que terminó haciendo Citgo, compraban volúmenes bajos de petróleo venezolano, solo una fracción de su capacidad instalada y gastaba miles de millones dólares comprando petróleo y productos de nuestros competidores. Citgo actuaba con un criterio comercial propio, distinto a la estrategia que supuestamente era su razón de ser.
Siempre fue así, solo que era uno de los secretos de la “caja negra de PDVSA”. Luego, ya con la Nueva PDVSA con acceso y control de las operaciones, pudimos determinar con exactitud varios de los verdaderos propósitos de la adquisición de Citgo: primero ocultar y transferir costos corporativos a Venezuela para NO pagar impuestos en el país, donde eran más altos; segundo, tener activos de PDVSA fuera del control y jurisdicción del Estado y leyes venezolanas; tercero, Citgo era un rehén de la “apertura petrolera”, porque, al adquirir activos en los Estados Unidos, PDVSA garantizaba a los inversionistas que de surgir cualquier disputa con el Estado venezolano, siempre podrían “cobrar”, o “recuperar” su inversión con los activos de Citgo.
Ya con los estados financieros auditados de PDVSA, logramos precisar las dimensiones de estas operaciones. Por ejemplo, en el año 2005, PDVSA gastó 32.000 millones de dólares en comprar petróleo y productos de nuestros competidores en los Estados Unidos para abastecer las refinerías y estaciones de servicio de Citgo. Igualmente determinamos que estas refinerías en el exterior nunca dieron dividendos que justificaran ni los montos de inversiones, ni los descuentos en el precio del petróleo.
Fue solo luego de la derrota del Sabotaje Petrolero, cuando logramos tener el control de PDVSA, que pudimos iniciar nuestra ofensiva de Plena Soberanía Petrolera y el desmontaje de la nefasta “apertura petrolera”, lo cual incluía la llamada “internacionalización” de PDVSA: vender Ruhr Oel y Citgo para revertir esos recursos al país y que PDVSA asumiera las tareas y responsabilidades de una empresa petrolera nacional, subordinada al Estado venezolano y al servicio del pueblo, único dueño del petróleo.
Fui designado ministro de Energía y Minas por el presidente Chávez el 17 de Julio del año 2002, después del golpe de Estado. Como ministro y miembro del “grupo Colina” estuve en la primera línea de combate en la derrota del Sabotaje Petrolero y la recuperación de PDVSA. Pero no fue sino a partir de mi designación como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el 10 de octubre de 2004, que pudimos avanzar en el desmontaje de la “apertura petrolera” y desarrollar nuestra propia política petrolera: la Plena Soberanía Petrolera.
El presidente Chávez, en el fragor de la derrota al sabotaje, identificó, gracias a su agudo instinto político, resistencias internas en PDVSA, entre los mismos gerentes patriotas, al desmontaje de algunos elementos de la “apertura petrolera”, entre ellos la “internacionalización”.
A partir de finales del 2004, con el pleno apoyo del presidente Chávez y ahora como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, conformamos un equipo político de expertos en la cuestión petrolera, con juristas y técnicos de primera línea con los que fuimos a la batalla por la Plena Soberanía Petrolera.
Claro, teníamos prioridades: garantizar los aportes fiscales y petroleros al Estado; defender el precio con la OPEP; restablecer la producción hasta 3,3 millones de barriles día de petróleo, controlar las operaciones, exportaciones y mercado interno: gasolina, diésel y gas; migrar los Convenios Operativos a Empresas Mixtas; restablecimos los valores de Regalías y otros impuestos petroleros; controlamos los precios de venta y fiscalización de petróleo, eliminamos los descuentos; nos incorporamos a la batalla contra la pobreza y la exclusión, el impulso a las Misiones Sociales; nacionalizamos la Faja Petrolífera del Orinoco y certificamos reservas de 316.000 millones de barriles de petróleo, las más altas del mundo. Asumimos el control del gas costa afuera; hicimos frente a los arbitrajes internacionales y comenzamos a revertir la política de internacionalización.
En el desarrollo de esta decisión, logramos vender el circuito refinador de Ruhr Oel en Alemania, y entregamos ese dinero al Ejecutivo como un aporte extraordinario. Igualmente logramos vender tres refinerías de Citgo: Lyondell, Paulsboro y Savannah, terminales y oleoductos, y al mismo tiempo, redujimos la cantidad de estaciones de servicio en la Costa Este de Estados Unidos. De esta manera logramos disminuir sustancialmente las compras de crudo y productos, los costos corporativos, pagar más impuestos y retornar esos recursos al gobierno venezolano.
Vender Citgo siempre estuvo rodeada de mucha controversia y obstáculos, tanto legales como políticos. Dentro de PDVSA y en la misma Citgo había grupos de interés, agrupados en torno a la vicepresidencia de Refinación y Comercio y Suministro que siempre se opusieron a la venta de estos activos. A pesar de ser una instrucción del presidente Chávez y mía como ministro, siempre buscaban la forma de torpedear las operaciones y entorpecer las diligencias debidas para cumplir con los extremos de ley. Eran, y son, muchos los intereses concentrados en esa vicepresidencia: el comercio de petróleo, el manejo de los combustibles en el mercado interno, el contrabando, los descuentos en las ventas de petróleo, la compra de nafta, el almacenamiento en el exterior, las refinerías, el manejo de Citgo, Curazao, Bahamas. No nos dimos cuenta que teníamos un grupo que “arrastraba los pies”: era la expresión petrolera del chavismo sin Chávez dentro de PDVSA, hoy aliados naturales del madurismo.
Igualmente desde Cancillería se ejercía un lobby fuerte a favor de mantener Citgo, argumentaban que siempre sería estratégico estar “dentro” de Estados Unidos y, en base a esta presencia, “influir en las decisiones de la administración norteamericana”. Eso nunca sucedió.
Para nosotros desde el ministerio de Petróleo las razones eran más claras y lógicas. Primero, Citgo era un mal negocio para PDVSA y para el país. Un negocio que requirió ingentes recursos del Estado venezolano, de masivos descuentos del precio de petróleo que generaba altísimos costos por compra de petróleo y productos extranjeros. Por otra parte, somos un país productor de petróleo, y ese era nuestro centro, y si queríamos avanzar en refinación, debía ser en el territorio nacional, junto a la petroquímica y los mejoradores de crudo. Pero, por otro lado, no resultaba nada conveniente tener activos tan importantes fuera de nuestra jurisdicción nacional, al contrario, era sumamente vulnerable.
Esto resultó más evidente aún, luego de la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuando las empresas Exxon Mobil y Conoco-Phillips, las únicas de 33 empresas trasnacionales, incluyendo a Chevron, que no aceptaron nuestras leyes, recurrieron al arbitraje internacional ante el CIADI y el CCI, como estaba contemplado en los acuerdos de la “apertura petrolera” y los distintos tratados de “protección de inversiones” suscritos por el Estado venezolano.
Era evidente que las transnacionales en los juicios arbitrales apuntaban a obtener la compensación exorbitante que ellos pretendían, tomando la propiedad de Citgo y cualquier activo que tuviésemos fuera del país. Sin embargo, con nosotros, siempre fracasaron en sus pretensiones.
Durante nuestra gestión al frente del ministerio de Petróleo y PDVSA, enfrentamos juicios arbitrales y maniobras judiciales de todo tipo por parte, nada más y nada menos, que de la Exxon Mobil y la Conoco Phillips, que siempre supimos derrotar. Nuestro equipo, hoy perseguido y en desbandada, supo enfrentar estas pretensiones en tribunales internacionales y defender con éxito los más sagrados intereses del país.
Ya en el gobierno de Maduro y siendo aún ministro de petróleo, presidente de PDVSA y vicepresidente para el área económica, entre los más de 18 documentos con propuestas a Maduro que hicimos para hacer frente a la crisis económica, que ya tomaba dimensiones preocupantes, fue la de urgentemente vender Citgo.
El razonamiento era sencillo: necesitábamos el dinero, establecer un fondo para hacer frente a los desajustes macroeconómicos, traer esos recursos al país. Era evidente que la relación con los Estados Unidos sería cada vez más tensa y que éramos vulnerables a cualquier acción en contra de nuestros intereses.
Por otra parte, habíamos adelantado un proceso de consultas con potenciales compradores con la ayuda de una reconocida empresa europea, obteniendo, todavía entonces, ofertas por 15.000 millones de dólares con la condición de mantener contratos de suministro de petróleo venezolano de largo plazo a efectos de no afectar de ninguna manera nuestra posición de mercado, al contrario, mejorarla.
Para ese momento, todavía Citgo tenía tres refinerías: Lake Charles, Lemont y Corpus Christi, terminales, oleoductos y estaciones de servicio.
Maduro decidió no hacer nada. A pesar de las evidencias de que todos los factores políticos y económicos apuntaban a confiscarnos Citgo, pudieron más los intereses y el lobby tanto del propio Citgo, como de la vicepresidencia de PDVSA, quienes siempre torpedearon el proceso. Por otra parte, Maduro mismo ha estado siempre convencido de que, en el espíritu del “Grupo de Boston”, a pesar de lo que haga, siempre podrá llegar a un acuerdo con la administración norteamericana. Pero se equivocó, desestimó las recomendaciones que le hicimos desde el equipo que trabajó todos estos temas durante doce años con el presidente Chávez. Un error estratégico.
Lo que pasa hoy día es, lamentablemente, la confirmación de los escenarios que le advertimos a Maduro: un gobierno extranjero, actuando por motivaciones políticas, nos confisca activos del Estado venezolano. Activos y recursos que, Maduro, como jefe de Estado no supo defender por negligencia y falta de coraje en defensa de los intereses del país.
Por su parte lo que hace Guaidó con Citgo no solo es ilegal, sino absolutamente opaco. Independientemente de lo que se diga, o de la posición que se tenga respecto a Maduro, no se puede participar de la confiscación que hace un gobierno extranjero de los activos del Estado venezolano. Mucho menos se puede designar una junta directiva que administre bienes del Estado, de todos los venezolanos, sin ningún tipo de sustento legal, ni rendición de cuentas, ni control de los organismos establecidos por las leyes venezolanas. Todo lo que hacen allí es un ilícito desde su origen. Si la derecha de la burundanga no ha sido capaz de administrar ni siquiera los recursos de un concierto en Colombia, imaginemos qué pasará con la “administración” de Citgo.
El “procurador” designado por Guaidó, efectivamente actuó como testigo en el juicio arbitral a favor de Crystallex, en contra de la República. Igual lo han hecho otros de los grandes “juristas” de la derecha más rancia del país en los juicios arbitrales de la Exxon Mobil y Conoco Phillips en contra de PDVSA y la República. Es una conducta reprochable y que refleja el sentimiento profundamente antinacional de las élites de derecha en Venezuela, el mismo que inspira el llamado “plan país” que pretende terminar de dar el golpe de gracia a nuestra maltrecha industria petrolera, privatizar PDVSA y entregar el petróleo.
El desastre de Citgo es un claro ejemplo de cómo dos sectores minoritarios están dispuestos a actuar en contra de los intereses más sagrados del país para favorecer sus propios intereses mezquinos y sus ansias de poder. Debilitan a la patria y la llevan a las puertas de la desaparición de sus instituciones, la entrega de sus recursos y el remate de sus activos. Lo que alguna vez constituyó garantía de un futuro posible para el pueblo venezolano, hoy se remata entre pillos e incapaces, aprovechándose de la desmovilización y desconcierto de un pueblo oprimido.
(El artículo del ex ministro Rafael Ramírez fue publicado originalmente en su portal de Internet del ex funcionario https://www.rafaelramirez.net/articulos/citgo-un-desastre-anunciado/)
PUBLICADO: 05 de agosto de 2019